Málaga es una de las provincias más dinámicas económicamente de Andalucía y de España, y esto atrae a numerosos nuevos residentes, que ponen en solfa los servicios públicos e infraestructuras del territorio. El incremento poblacional de la provincia es de 20.000 personas cada año y, según la proyección del Instituto Nacional de Estadística, ello situará a Málaga en 2038 a la cabeza de Andalucía con 2.132 millones de habitantes.

Frente a esto, la Junta de Andalucía está haciendo esfuerzos ingentes por responder a los crecimientos de población «que han estado desatendidos durante más de una década por anteriores gobiernos socialistas; y lo hacemos ahora con un déficit en nuestra financiación de 1.522 millones de euros al año, lo que en Málaga se traduce en un perjuicio de más de 300 millones de euros», asegura la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

Por ello, «es justo demandar la financiación que nos corresponde y que garantice la igualdad de todos los españoles, porque desde 2009 en Andalucía recibimos menos financiación que los demás», añade.

La ausencia del Gobierno de España en los grandes desafíos de Andalucía y de la provincia malagueña se puede ver, también, en los Presupuestos Generales del Estado: «Cuando los hemos tenido, la partida destinada a nuestra provincia ha sido cero, y este año ni siquiera tenemos presupuestos, lo que supone una gran incertidumbre para las inversiones y proyectos que necesitamos y que, por lo que parece, se va a prolongar en el año 2025».

De este modo, cualquier proyecto comprometido por el Ejecutivo central, como la desaladora para la comarca de la Axarquía, que no se anunció hasta mayo de 2023; el tercer carril de la ronda este y también las mejoras en la A7 occidental; las bonificaciones o eliminación del peaje en la AP7 -el más caro de España- y el proyecto del tren litoral, entre otros, «caerán en saco roto», sostiene la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga.

Según Navarro, «a todos estos agravios hay que sumar lo que puede ser la puntilla de muerte para nuestras aspiraciones de progreso y bienestar: el cupo catalán», que elevará el impacto negativo hasta los mil millones de euros anuales, sólo para la provincia malagueña, si se suma a la infrafinanciación que ya padece Andalucía.

«Lo hemos dicho mil veces: no queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a ser menos. Los andaluces, los malagueños, no somos menos que nadie y no estamos dispuestos a soportar más agravios», concluye la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga.