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El principal revulsivo del sector inmobiliario es la Ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Dicha norma entró en vigor el pasado 26 de mayo e introdujo numerosos cambios que afectan a las empresas del sector, quienes consideran que no ataja los problemas reales. Algunas de las novedades son los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato, que ahora corren a cargo del arrendador y no del inquilino;el deber de información sobre las características esenciales de la vivienda, es decir, las inmobiliarias tienen que identificar al vendedor, concretando en el precio total de venta que cantidad se corresponde con sus honorarios, que parte se corresponde con los impuestos y deben determinar las condiciones de pago y la existencia y reparto de los gastos notariales y registrales. En este sentido, desde el sector denuncian que esta norma les genera un perjuicio económico y que es contraria a la libertad de contratación y empresa.
Por otro lado, Málaga es la provincia andaluza líder en compraventa de viviendas según régimen y estado, como muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística. Por ejemplo, en enero fueron 3.228, que supone un 27,42% del total. Sevilla (17,74%), Almería (14,27%), Cádiz (14,24%), Granada (10,58%) y el resto de provincias la siguieron de lejos. Tendencia que se repite en todo 2023.
